Por lo que ha sucedido en períodos de crisis económica ocurridos en otros tiempos y otros contextos se sabe que puede haber un aumento en la mortalidad de la población (tanto general como por algunas causas específicas como el suicidio), un aumento de los problemas de salud mental y un empeoramiento de los estilos de vida. También se sabe que las desigualdades en salud pueden aumentar, sobre todo debido a que la crisis afecta más a los grupos inicialmente en posiciones más vulnerables.
El segundo informe del Observatorio sobre los efectos de la crisis en la salud de la población, que se presentó en público justo antes del descanso navideño, hace un seguimiento estrecho de los principales indicadores socioeconómicos y de salud a nivel territorial (por comarcas) y analiza su evolución. También analiza la relación entre indicadores socioeconómicos y los indicadores de salud, y proporciona información para definir o redefinir estrategias dirigidas al abordaje de los efectos de la crisis a partir de las necesidades detectadas a través del informe.
En este periodo de crisis en Cataluña, el paro –sobre todo el de larga duración– ha aumentado, y la producción (el valor añadido bruto de la economía) ha disminuido. La renta disponible de los hogares ha disminuido, la proporción de la población que estaba por debajo del umbral de pobreza ha aumentado, especialmente el grupo de personas menores de 16 años, y el porcentaje de familias que ha recibido transferencias del sistema de protección social ha aumentado.
La reducción de los ingresos públicos se tradujo en una disminución de los presupuestos, incluyendo el presupuesto del Departamento de Salud, notoria sobre todo a partir de 2011 hasta 2013. El sector salud tuvo que ajustarse y hacer la misma actividad con menos recursos, mejorando la eficiencia e intentando no perjudicar la cantidad y calidad de los servicios sanitarios. Sin embargo, en el periodo 2007-2013 la esperanza de vida se ha incrementado 1,8 años (1,5 en mujeres y 2,6 en hombres), como también lo ha hecho la esperanza de vida en buena salud.
Sin embargo, el impacto de la situación económica en la salud de las personas se hace patente: las personas en paro presentan una peor salud autopercibida, especialmente aquellas personas paradas desde hace más de un año, y una mayor prevalencia de riesgo de mala salud mental. De forma similar el consumo de tabaco, que se reduce en el global de la población, aumenta en las personas paradas, sobre todo entre los hombres. El consumo de riesgo de alcohol también es mayor en las personas desempleadas.
Focalizando el análisis en los grupos de población más vulnerables, el informe compara el grupo de población de 15 a 64 años que está exento de copago de farmacia (básicamente, personas paradas que han perdido el derecho al subsidio, con rentas de integración social o con pensiones no contributivas) con la población que realiza copago. En Cataluña el año 2014 había 187.775 personas de 15 a 64 años exentas de copago (2,3% de la población). Las personas exentas tenían el doble de probabilidad de consumir psicofármacos que la población con copago, y una probabilidad 1,5 veces mayor de ser ingresadas en el hospital. Este grupo realizó un número de visitas a la atención primaria 1,4 veces más alto, y fue atendido en centros de salud mental 3,5 veces más.
Es un hecho que las políticas públicas –sociales y económicas– tienen una influencia en el nivel de salud de la población y que modulan la influencia que tienen los factores socioeconómicos, el género y la inmigración en las desigualdades en salud. Las políticas de protección social parecen ser eficaces para amortiguar la influencia de las fluctuaciones macroeconómicas en las tasas de mortalidad. Las políticas orientadas a la equidad contribuyen a mejorar las desigualdades en salud. Poco tienen que ver las consecuencias que tuvo la crisis de Rusia de principios de los años noventa con las de Finlandia de la misma época, y las políticas desarrolladas por ambos gobiernos son la principal causa.
Dada la complejidad y el impacto múltiple que producen las crisis económicas, el abordaje desde las políticas públicas para paliar sus efectos debe ser intersectorial. Herramientas como el Plan interdepartamental de Salud Pública (PINSAP) son claves para garantizar esta aproximación transversal, actuando sobre los determinantes de la salud para reducir o eliminar las desigualdades en salud. También es primordial mantener políticas de protección social (prestaciones de desempleo, prestaciones de jubilación, ayudas familiares, etc.) para mitigar la disminución de los ingresos familiares y sus consecuencias, pero estas deben ir acompañadas de políticas de fomento del empleo y de la reincorporación rápida al mundo laboral. Las políticas educativas son el otro gran pilar, dada la relación existente entre educación, nivel de ingresos y salud, y el hecho de ser un elemento que actúa de «ascensor social» entre generaciones. Las políticas dirigidas a los grupos más vulnerables, como la población de menos ingresos y la población infantil, merecen también una atención especial.
Por último, es imprescindible que el despliegue de todas estas políticas públicas sea evaluado a medio y largo plazo, a fin de ir validando su utilidad e impacto, y posibilitar su adaptación a los cambios que se vayan produciendo en el entorno.
Entrada elaborada per Veva Barba, Dolores Ruiz-Muñoz y Anna García-Altés (@annagaal)