Guillem López-Casasnovas
En El bienestar desigual analizo el estado de malestar en que se encuentra hoy nuestro Estado de bienestar. El título no es un juego de palabras, sino la constatación de la realidad de una ciudadanía descontenta que se había acostumbrado a esperar más y más de la protección social.
La crisis económica vivida ha supuesto un cierto regreso al pasado. La falta de crecimiento de la renta y la consiguiente disminución de los ingresos fiscales han hecho que las cotas de servicios ya consolidadas, así como las nuevas prestaciones que se consideraban merecidas, no sean financieramente sostenibles. Si el gasto social había crecido antes, incluso por encima de lo que lo había hecho la renta, la recesión sufrida ralentizó cuando menos su ritmo de crecimiento.
La indignación que ha causado el reparto de los costes de la crisis, la creciente desigualdad de su incipiente salida y la percepción de que poco o nada se ha hecho para inmunizar la economía frente a otra pandemia futura, han focalizado en los recortes de gastos sociales las iras ciudadanas. Se clama así en medios políticos y ciudadanos contra la austeridad, sin valorar lo conseguido, sin cuestionar el modo en que se ha alcanzado, si lo mismo o menos puede ser mejor y más razonable ante un potencial despilfarro; factores todos ellos que erosionan la sostenibilidad financiera y alimentan corporaciones profesionales que quieren decidir por cuenta propia y cobrar como cuenta ajena.
En este contexto los asuntos sanitarios se han encontrado en medio de las batallas políticas y, como consecuencia de ello, se ha resentido la percepción acerca de la buena salud que caracteriza objetivamente a nuestro sistema de salud. Por eso se ha atemorizado a sus usuarios y profesionales ante la supuesta privatización de uno de los servicios más estimados para el bienestar de nuestra ciudadanía. Pero la economía es una disciplina: los recursos son limitados, cabe considerarlos en sus diferentes alternativas y no se puede gastar lo que no se ingresa. De modo que sin reconducir el crecimiento del gasto social y/o aumentar la presión fiscal, el recurso del déficit no es otra cosa que una muestra de insolidaridad hacia las generaciones futuras.
Lo que se podría presentar como solidaridad intrageneracional (ricos frente a pobres) se convierte en insolidaridad intergeneracional, con una ruptura de los equilibrios en la equidad con la que las generaciones se solapan. Por ello, más allá de la mejora de financiación, hay que revisar los viejos instrumentos del gasto de nuestra protección social, incorporando elementos de innovación y de ruptura de inercias. Por ejemplo, la provisión sanitaria pública debería aspirar a una financiación solidaria para todas las prestaciones que sean plenamente coste-efectivas. Y para los servicios que queden fuera de la prestación pública por inasumibles, efectivos, pero de coste demasiado alto, quizá haría falta aplicar un copago del 100% para los más ricos y un acompañamiento a porcentaje variable para el resto de colectivos. Se trataría, no de llevar la renta al copago, sino de incluir los servicios copagables a la declaración de la renta. Esto supondría vincular los consumos sanitarios susceptibles de copago a la base imponible de la renta, como si se tratara de un beneficio en especie no gratuito.
Los cambios requieren nuevos valores, una cultura y manera de entender el bienestar ciudadano que no acaba de morir, aún esperando vislumbrar lo que no acaba de nacer, en palabras de Gramsci. Lo viejo es la pretensión de que el Estado nos acompañe desde la cuna hasta la tumba. Lo nuevo es una sociedad que promueve responsabilidades individuales y que sólo concurre al rescate individual ante contingencias adversas para las que la falta de autocuidado es descartable. Reorientar las políticas sociales no es sólo un asunto de presupuesto, implica identificar el origen de las desigualdades y determinar cuál es el mejor ámbito desde el que se pueden abordar.