Anna García-Altés, Responsable del Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña
La información que genera el contacto de los ciudadanos con la Administración es de una gran magnitud, abarcando desde el registro de nacimientos, en el sistema educativo, el mundo laboral, el transporte, la vivienda y los equipamientos, el desarrollo de actividades económicas, el pago de impuestos, el sistema sanitario, el sistema judicial, y hasta el registro de mortalidad. Esta información es imprescindible para el desarrollo de las responsabilidades que son atribuidas a la Administración, pero se convierte en un activo de enorme valor para usos secundarios.
El contexto económico actual ha puesto de manifiesto la necesidad, siempre existente, de fundamentar las políticas públicas en la evaluación, a fin de garantizar que los objetivos establecidos se cumplan y, por tanto, que se realiza una asignación eficiente de los recursos públicos. La disponibilidad de datos es el elemento que facilita la implementación de la cultura evaluativa en la Administración. El análisis de los datos de cada uno de los ámbitos permite conocer la efectividad y eficiencia de las políticas, y es tremendamente enriquecedora para la planificación.